CRISIS DE LAS NOTIFICACIONES EN IQUIQUE

Después de la crisis de las notificaciones del VIH/SIDA en Iquique, en abril de 2010 la Contraloría regional envió Oficio con las eventuales sanciones a los responsables, además el equipo de expertos convocados por el entonces ministro Erazo entregó, en marzo de 2009, el informe que da cuenta de la realidad del problema y propone modificaciones y ajustes a las políticas pública, a los programas, planes, normativa y regulaciones referidas al VIH/SIDA en Chile.

En el ámbito de la Vigilancia Epidemiológica los antecedentes entregados refieren:

Notificaciones al año 2007	17.235 personas con VIH/SIDA
Vía de transmisión predominante	Sexual 92 % (relación entre hombres la más común)
Fallecimientos por causa del SIDA 1990 - 2005	5.288 decesos (88 % hombres)

Desde el período entre el año 2002 y 2005 la tasa de mortalidad tiene una caída sostenida, lo que se relaciona con accesos y cobertura a la terapia antirretroviral que cubre a la totalidad de quienes acceden a ella.

El informe consigna que en la actualidad el número estimado de personas que viven VIH/sida podría llegar a 40.000.

Respecto a la prevalencia se desconoce la de la población en general, pero se señala que en embarazadas alcanza un 0,05%, no obstante en poblaciones más expuestas como las que consultan por enfermedades de transmisión sexual, las que se encuentran privadas de libertad y quienes ejercen el comercio sexual, la prevalencia es significativamente superior. Lo anterior significa que Chile presenta una epidemia de bajo nivel en evolución a epidemia concentrada.

DISTRIBUCIÓN DE LA EPIDEMIA. (TASAS MÁS ALTAS POR REGIONES)

REGIÓN	En el ámbito de la Vigilancia Epidemiológica los antecedentes entregados refieren:VIH	SIDA
Tarapacá	107,55%	85,75%
Metropolitana	92,15%	83,05%
Valparaiso	78,7%	71,1%

En el contexto del diagnóstico epidemiológico y las fuentes de información de éste, retoma importancia la crisis de las notificaciones en el norte, pues una de las fuentes de información es el sistema regular de notificaciones de casos en VIH/SIDA del Ministerio de Salud, cuya debilidad es la “insuficiente articulación de instancias para el análisis de dicha información y la escasa integración con otras fuentes de información, sistemas pasivos que no enfocan a los grupos más afectados”.

En el ámbito de la Prevención se indica que a la fecha se ha privilegiado el acceso a tratamientos y que la prevención de la transmisión quedó relegada a un segundo plano.

Sobre este tema se plantean situaciones sobre las cuales organizaciones de la sociedad civil tensionan el diagnóstico de los expertos, quienes señalan que "la implementación de programas de prevención es distante de los grupos más afectados por el VIH; por una parte se ha priorizado acciones dirigidas a mujeres y a personas adolescentes y por otra se ha generado una discusión acerca de la educación sexual en las escuelas que han complejizado la implementación de políticas, incluyendo aquellas dirigidas a los grupos actualmente más afectados”.

Lo anterior expresa, en nuestra opinión, una mirada del fenómeno exclusivamente desde el prisma médico y no logra aproximarse a la propuesta y práctica de los organismos de la sociedad civil, que señalan que es necesario avanzar en formación sexual, la que debe realizarse desde temprana edad en el sistema formal de educación, ya que esto instala el tema como desafío social y cultural y lo saca de lo estrictamente médico extrayéndole así la carga valórica negativa que ha instalado la discriminación y vulneración de derechos contra quienes han adquirido en VIH/SIDA.

Por otra parte el informe critica la “politización del tema", que según ellos lo ha colocado en una agenda de tipo valórica que no ha sido positivo para enfrentar la enfermedad. Los organismos de la sociedad civil siempre hemos señalado que si no fuera por la polítización que se le impregnó al tema, Chile no tendría Ley del Sida. Convertirlo en un problema de Estado, es decir, politizarlo, permitió tener una mirada cultural sobre la epidemia, la que recoge las variables socioeconómicas, de género y de derecho que deben considerarse en la política pública para abordar la epidemia. La decisión de algunos medios de comunicación a no transmitir las campañas, es porque sus dueños representan una opción política y valórica donde del uso de condón y conversar libre y responsablemente sobre sexualidad no les está permitido, lo cual sólo refuerza nuestra idea que pretender despolitizar el tema, además de ser un error, es imposible.

Diagnóstico, notificación y registro

Personas no diagnosticadas

Entre 20.000 y 25.000. Se estima que si se logra diagnosticar a la totalidad de las personas, la disminución de nuevas infecciones caería a lo menos un 30%.

Respecto al examen, la evidencia científica indica que si éste se realiza en forma amplia, es decir, si la oferta para hacerse el test va más allá de la población focalizada, éste tiene mayor aceptación.

Sobre la consejería pre test, cuyo objetivo es prevenir primariamente, el informe indica que éste no ha dado muestra de efectividad. Sin embargo, creemos que acabar con esta instancia preventiva vendría a generar más discriminación, porque para efecto de consejería ésta se aplicaría exclusivamente para casos confirmados. Lo que si reconocemos es que es necesario perfeccionar el mecanismo e inyectarle más recursos materiales y humanos al sistema para que funciones como corresponde.

El sistema público tiene una serie de deficiencias en los procesos de diagnósticos, registros y notificaciones, lo que quedó al descubierto con el caso de Iquique. Pero este problema tiene diversos orígenes, entre ellos no contar con datos de ubicación completos, o falsos, demora en la confirmación y traslado del paciente y la inexistencia de una red que proporcione los datos para realizar el seguimiento. Tampoco existe un sistema de registro único, lo que dificulta la consulta de profesionales para decisiones clínicas.

Respecto a la Atención Integral el informe consigna como antecedentes que “entre los aspectos prioritarios destaca la conservación del recurso humano especializado mediante estímulos salariales y por resultado, capacitación, oportunidades de desarrollo, descentralización, participación y liderazgo”. Lo anterior contradice un principio básico cual es el derecho, por sobre el incentivo económico.

Chile avanzó de un estado de derecho a uno de garantías, por ello la Ley del Sida, el reconocimiento a la labor de la sociedad civil y la existencia del CONASIDA. Si la eficiencia del sistema termina centrándose exclusivamente en el incentivo económico, Chile retrocederá, pues el acceso a capacitación, especialización, remuneraciones justa en el sistema público, como el desarrollo de oportunidades, es materia de derechos humanos y no exclusivamente de incentivos económicos..

En rigor lo que no se está cumpliendo, en materia de Atención Integral, es la Ley 19.779, conocida como Ley del Sida y cuya existencia se debe al accionar de la sociedad civil.

En El Mercurio del 12 de abril se informó que la Contraloría Regional de Tarapacá entregó al Servicio de Salud un oficio con las eventuales sanciones para los 17 funcionarios sumariados por el caso de las notificaciones atrasadas a pacientes con VIH en el Hospital de Iquique. En octubre pasado, los afectados recibieron las medidas adoptadas en su contra, pero éstos apelaron. Ahora se cerró el proceso administrativo y la autoridad deberá acoger o rechazar las penas, que van desde destituciones a anotaciones en la hoja de vida. Entre los castigos se consideran destituciones a tres funcionarios del Banco de Sangre del Hospital Regional: Guillermo Encina, Vania Delucchi y Reynaldo Argandoña, a quienes se les imputa no realizar el seguimiento a las solicitudes de prueba de identidad, no informar a sus superiores de la existencia de exámenes con errores y, además, usar 89 kits de VIH vencidos en embarazadas.