
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CUESTIONAN DECRETO Y EXIGEN CAMBIOS
Decreto del Ministerio de Salud sobre VIH/SIDA obligaría a entregar nombres de las parejas sexuales

En agosto de 2011 el Ministerio de Salud emitió el Decreto 45, éste convulsionó a las organizaciones de la sociedad civil en tanto establece procedimientos que parecían superados por la experiencia y evidencia tanto de profesionales de la salud como de organismos internacionales sobre los cuales Chile desarrolló e implemento su política pública en materia de VIH los últimos 20 años.
El Ministerio de salud está implementando una política centrada en la pesquisa de personas para que se realicen el examen, ello en desmedro de una política preventiva en la materia. Ejemplo de ello es el Decreto presidencial Nº 45 que señala que “…en los casos en que el paciente al que se ha diagnosticado VIH no haga concurrir a atención de salud a las parejas sexuales que voluntariamente haya indicado poseer, el médico podrá contactar en forma reservada a estas personas para ofrecerles el examen de detección y las medidas de prevención y los tratamientos que sean procedentes sin perjuicio de mantener la información de los interesados en su carácter confidencial”.
La reacción de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundación SAVIA, ASOSIDA y Vivo Positivo, ante un Decreto que a todas luces vulneraba los derechos humanos de las personas, entre ellas las mujeres embarazadas, dio lugar a que las autoridades de salud no pudieran negarse a garantizar el derecho de las personas a decidir si se realizan o no el examen. Lo anterior dio lugar a la emisión de la Circular Nº 47 del 20 de diciembre, firmada por el Subsecretario de salud, Dr. Jorge Díaz Anaiz, que señala que “debido a las numerosas consultas formuladas sobre la materia… si la embarazada se niega a practicarse dicho examen, éste no debe llevarse a cabo, dejándose constancia de esta negativa en un documento firmado…”
Lo anterior si bien no cambia de fondo la convicción sobre la materia que las autoridades de salud tienen para enfrentar el VIH en Chile, significa un claro reconocimiento a la presión de las organizaciones de la sociedad civil que llevan años trabajando en la materia, a la vez que las autoridades han entendido que no se pueden tomar decisiones tan trascendentales para la vida de las personas, como para la salud pública, sin consulta a quienes contribuyeron a la existencia de una política pública garante de derechos, entre ellos la confidencialidad, y el respeto por las decisiones de las personas.
El Decreto 45 no dejó indiferente a nadie, en especial a los profesionales que por años han acompañado y colaborado con las organizaciones de la sociedad civil, es el caso de la Dra. Cecilia Sepúlveda, reconocida internacionalmente como experta en la materia y quien señaló en columna a un periódico que “…El examen no es un método de prevención. Sólo chequea si hay virus o no, pero no previene su transmisión, cuyo foco está en la actividad sexual desprotegida. De ahí la importancia de promover la estrategia más eficaz de prevención, la cual tiene un 99% de eficiencia científicamente probada, como es el preservativo. Cabe destacar que en el mundo la díada examen/tratamiento es un complemento a prevención primaria y no al revés…Esta decisión le hace el juego a la epidemia y no apoya la prevención del Sida en Chile. Necesitamos una mirada integral de la prevención, en que prime lo sanitario y no las decisiones políticas o ideológicas...”
Por su parte Manuel Jorquera, de Vivo Positivo, declaró a un diario electrónico que el Decreto “esta violando la ley de datos confidenciales y le ley del Sida…es una falta de respeto porque no se recogió la mirada de las organizaciones para realizar un cambio que no le correspondía al Ejecutivo, sino al Legislativo”
Esto convoca a las organizaciones a no permitir estas prácticas y aunar esfuerzos para que la voz de la sociedad civil se haga escuchar, que fue lo que ocurrió en esta oportunidad y que obligó a las autoridades de salud a emitir y distribuir la Circular Nº 47 que garantiza el respeto y derecho de las mujeres embarazadas.